Ventana Abierta: Conspicuo

HISTORIA DE LA DISCAPACIDAD (II)

1. SITUACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN LOS AÑOS DE LA POSGUERRA

La política de la primera década del Gobierno franquista se concentró en la represión de los vencidos y en la institucionalización del poder y de sus bases ideológicas. La acción social, delegada en las instituciones paraestatales como el Auxilio Social o directamente en la beneficencia religiosa, se encontró ante un país hundido en la miseria, con una población con la mayor parte de las necesidades básicas sin cubrir. Estas dos realidades, las intenciones políticas y las carencias sociales, configuraron el ámbito de la discapacidad, en unos años en el que este colectivo no dejaba de expandirse. Así, por ejemplo, nada más que en cuanto a la diversidad funcional física se refiere, y siguiendo los escasos datos del momento, el número pasó de los 12.000 censados en 1925, a la dudosa pero simbólica cifra de 500.000 en 1956. (3)

Este aumento se entiende tanto por las consecuencias de la guerra como las deficiencias sanitarias, que colaboraron en la difusión de enfermedades como la poliomielitis, que en los años cincuenta registró importantes brotes en diversas zonas de España.

Las personas con diversidad funcional sufrieron con especial dureza los años de la posguerra. Tratándose de colectivos tradicionalmente asociados a la pobreza y la mendicidad, con la guerra civil y la instauración del nuevo sistema económico, tuvieron aún más dificultades para asegurar su subsistencia. Además, la implantación de un sistema ideológico que privilegiaba al hombre fuerte y trabajador y a la mujer joven y sana para la reproducción, perpetuó la discriminación social de estas personas. Bajo la ideología franquista, y siguiendo los rígidos patrones de división de roles en función del género, recaía sobre el hombre la labor de traer el sustento económico al hogar, de manera que su valor dependía de su capacidad de desempeñar esta función. En ese sentido, el hombre inválido sufrió una mayor presión social, y su discriminación laboral acarreaba connotaciones estigmatizantes que empeoraban su estrecha situación económica. Por otro lado, las mujeres con diversidad funcional permanecieron, en la mayoría de los casos, confiscadas en su hogar familiar, sin poder siquiera optar a la única vía de desarrollo personal que ofrecía el franquismo, es decir, el matrimonio y la maternidad.

Por otro lado, debido a la asunción de la “invalidez”, la restricción educativa fue una constante, potenciada tanto por la sociedad, como por la realidad institucional. Esta discriminación educativa no solo afectó a las mujeres, sino que también fue una constante entre los hombres con diversidad funcional. Las distintas trabas sociales que limitaban a las personas con diversidad funcional confluían directamente en unas elevadísimas cuotas de desempleo, y por tanto en una extensión de las cuotas de pobreza entre estos colectivos. (4)

No es de extrañar que durante todo el franquismo la principal reivindicación de estas personas fuera la del trabajo, pues tanto por su componente económico, pero también el social, era considerado como la principal puerta de entrada a la sociedad.

2. MEDIDAS POLÍTICAS DEL PRIMER FRANQUISMO

Las graves dificultades de las personas con diversidad funcional tuvieron tal magnitud que desde muy temprano fueron admitidas por las instituciones políticas. Esto justifica la aparición temprana de algunas medidas, como la Ley de 16 de octubre de 1942 sobre reglamentación del trabajo, en la cual se acordó un porcentaje de obligada reserva de puestos de trabajo para personas calificadas por las instituciones evaluadoras correspondientes como “inválidas”. Esta medida constituyó la principal, cuando no única medida específica desarrollada por el franquismo para la incorporación al empleo de estos colectivos. De hecho, en las siguientes décadas el franquismo aprobaría medidas similares, modificando el porcentaje de reserva. No obstante, la principal característica de esta medida fue su nula aplicación, tal como denunciaron en numerosas ocasiones los afectados. (5)

A mediados de los años cuarenta el Estado Dictatorial creó, con el decreto de 7 de julio de 1944, el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad del Trabajo, desde el cual se impulsaron algunas instituciones orientadas a la rehabilitación de trabajadores. El objetivo de este centro era, según las nuevas corrientes interpretativas de la diversidad funcional, “rehabilitar” a los afectados, para que pudiesen recrear una funcionalidad adaptada a la norma y con ello integrarse en el mercado laboral. Como los demás centros creados por el franquismo, las acciones prácticas fueron muy escasas, aunque su creación conllevó un nuevo acercamiento a las problemáticas en torno a la discapacidad. De hecho, en 1947, con la creación del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), se dio un importante paso en el ámbito, al crear la “protección de invalidez con carácter general”. (6)

La existencia de un cierto interés, en el que jugaron un papel importante los profesionales y especialistas, quedó confirmado con la aprobación del decreto de 6 de junio de 1949 por el que se estableció la “Lucha Sanitaria Nacional contra la invalidez”, que conllevó la creación del Patronato Nacional de Lucha contra la Invalidez. Efectivamente, la aprobación de esta “Lucha Sanitaria” y el desarrollo de su planteamiento teórico, supusieron una evolución en cuanto a la interpretación de la problemática, aunque de nuevo, en la realidad tuvo una incidencia práctica mínima.

Esta baja efectividad, norma general de las instituciones sociales franquistas, se debió fundamentalmente a la ausencia de respaldo económico. (7).

En consecuencia, a finales de los años 50 las escasas medidas políticas relacionadas con el derecho laboral de este colectivo no habían impulsado ningún avance, y a pesar del reconocimiento público de la problemática, la discriminación se perpetúo tanto en la realidad como en las normas institucionales. Así, por ejemplo, el acceso al empleo público estaba limitado por un listado de restricciones que tenían más que ver con la apariencia física que con la capacidad de los aspirantes. La “invalidez” o la “minusvalía” eran calificativos comúnmente aceptados, que reflejaban a la perfección la concepción que se tenía de las personas con diversidad funcional física. Como máximo ejemplo véase la Orden Ministerial de Trabajo del 20 de junio de 1959, que aun calificaba a las personas con discapacidad visual como “incapacitados laborales”. Ante este panorama las escasas salidas las aportaron las organizaciones específicas del sector, aunque la ausencia de libertades y las estrictas medidas de control condicionaron el desarrollo de estas instituciones y asociaciones.